Formosa - Esta semana durante los días miércoles 5 y jueves 6 de Setiembre se desarrollo en la ciudad de Formosa el VII Congreso Nacional FASIPP donde dirigentes sindicales policiales y Penitenciarios de distintos puntos del país se congregaron para debatir junto a la comunidad y luego en forma interna a través de los congresales acreditados sobre la situación actual y los cursos de acción a llevar adelante desde las distintas orgánicas que tienen interés en la cuestión. DURISIMO DOCUMENTO DONDE SE DENUNCIAN PERSECUCIONES Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE POLICIAS Y PENITENCIARIOS.

La entidad que agrupa a nivel nacional a los distintos sindicatos policiales y penitenciarios del país se reunió en esta ciudad y analizaron diversos temas que tiene especial interés no solo para la vida interna de la organización, sino también a la comunidad nacional dado que tienen incidencia en el servicio que prestan los trabajadores del sector.

 

En este sentido abrió las deliberaciones en día jueves por la mañana el titular de la FASIPP, Alberto Martínez quien luego de analizar algunos aspectos y señalar quizás como adelanto esas acciones que desde los Estados Nacional y Provinciales reciben y que calificó como “terroristas”, advirtió sobre los peligros que eso conlleva en cuanto a la falta de respeto a las garantías individuales y avanzo en repudiar la “criminalización de la protesta” y en ese sentido alerto y repudió la llamada “Ley Antiterrorista” que dijo: “Poner en vilo a cualquier militante que sea juzgado con un criterio perverso según esa ley” advirtió.

 

Martínez se incluyo al igual que los dirigentes y trabajadores del sector entre los mas de “cinco mil procesados o perseguidos” a causa de esta situación y advirtió que esto viene “en escalada” considerando que el caso mas paradigmático es el del propio Secretario General de la CGT que “como un hecho histórico aunque negativo que por primera vez un gobierno denuncia a un jefe de la CGT” cuestión que repudio ya que consideró que “Quien ejerce un derecho no comete delito”.

 

 

Ni bien iniciadas las actividades, el Pleno consensuó una declaración como habitualmente se realizan en cada uno de ellos y en el cuarto intermedio llevado adelante a las 11:30 aproximadamente se movilizaron a la Casa de Gobierno de la provincia donde hicieron entrega a las autoridades de este manifiesto que plantea una serie de cuestiones graves, incluso a las del propio gobernador Gildo Insfran que ordeno que el D2 (Inteligencia de la Policía de Formosa) realizara un operativo no solo de espionaje sino además de “abierta provocación” con exhibición de aparatos electrónicos de escuchas, cámaras fotográficas y patrullajes incluso de vehículos sin chapas patentes y móviles policiales identificados. Pese a ello y tal cual es el espíritu de la FASIPP y del SIPOLFOR en esa provincia, todo se desarrollo en paz.

 

 

“Los integrantes de la FASIPP reunidos en el marco del VII Congreso Nacional sesionando en el Complejo Juan Pablo II de esta ciudad y bajo el lema: “Juntos podemos, juntos somos mas” a los 6 días del mes de setiembre de 2012 DECIMOS:

 

La FASIPP reafirma su voluntad de aportar en la construcción de una sociedad más democrática, igualitaria e inclusiva, donde nuestros derechos y el de todos los demás sean moneda corriente. Es por ello que somos y seremos siempre respetuosos de la ley y las autoridades instituidas.

 

Esto que se debe construir dentro del actual marco institucional, legal y político hoy nos tiene a los trabajadores policiales y penitenciarios argentinos privados de ello con mayor o menor intensidad según los escenarios, pero que como regla general es aplicable a todos.

 

En este sentido seguimos observando la indiferencia del gobierno federal ante los reiterados pedidos de audiencias a las máximas autoridades a los fines de plantearle la grave situación que se vive y las posibilidades que los trabajadores tenemos de aportar soluciones al grave problema de la inseguridad.

 

También es un deber alertar sobre el avance en la aplicación de leyes, decretos, decretos leyes, reglamentos de carácter nacional y/o provincial con criterios cercenantes de nuestras garantías mas elementales como el derecho a la libertad, a la expresión, peticionar a las autoridades, reunirnos con fines lícitos, de ejercer la libertad sindical y otros que parecieran intocables a esta altura de la historia de la humanidad.

 

El derecho al voto, universal, secreto y obligatorio no le alcanza en plenitud al trabajador policial, el Código Electoral Nacional PROHIBE el voto a los policías de la jerarquía agente, por lo cual se le retiene su documento durante el acto eleccionario.- Asimismo por la misma norma se establece la obligatoriedad de ejercer el voto en la mesa donde cada ciudadano se encuentra inscripto, lo que resulta en la practica en la imposibilidad del ejercicio de este derecho de los policías afectados al servicio electoral, por cuanto seria una casualidad que le tocara cumplir el servicio en la misma mesa donde se encuentra inscripto, y aunque en oportunidades se le permite votar lo es solamente como “favor” de las autoridades de mesa y no como el ejercicio pleno de un derecho constitucional.-

 

Las recientes muestras de actitudes antidemocráticas y en ocasiones hasta ilegales de algunas altas autoridades incluso primeros mandatarios provinciales en este sentido nos lleva a poner énfasis en el reclamo dado la clara campaña de “Terrorismo de Estado” que aggiornada a esta altura de la vida democrática, se corporiza en la aplicación del residual marco legal de épocas dictatoriales reñido definitivamente con esta etapa donde se declama y avanza en algo en materia de respeto y defensa de derechos humanos, tareas de espionaje y sabotaje contra organizaciones como la nuestra, persecución y acoso administrativo, judicial, político y mediático de dirigentes que no es exclusivo a policías y penitenciarios ya que nos incluimos en los mas de cinco mil dirigentes en esta situación.

 

No podemos obviar en este contexto la suerte corrida por dirigentes de nuestras organizaciones afiliadas que también han sido puestos en situaciones similares de manera y en circunstancias donde claramente ejercían un derecho de los mencionados.

 

Las condiciones de trabajo y de vida de los cientos de miles de trabajadores del sector y sus familias son materia de preocupación creciente ya que la media nacional no llega a cubrir la mitad de la “Canasta Familiar Real” de cada región, el acceso a la vivienda esta limitado en posibilidades y condiciones, la aplicación de políticas sociales regresivas como el “Impuesto al Trabajo o Ganancias” y la discriminación en “Asignaciones Familiares” son instrumentos perversos, los proyectos de precarización laboral y extensión de servicios hacen cada vez mas incierto el proyecto profesional y laboral entre otros.

 

En este contexto creemos propicio alertar a la comunidad toda sobre los perjuicios que esta situación trae nos solo a este sector de trabajadores que representamos y que consideramos como uno de los mas vulnerables que paradójicamente se pretende brindemos seguridad, sino al resto de los conciudadanos de la Nación. Reclamamos el respeto a la ley que nos piden que cumplamos y hagamos cumplir.

 

Es por ello que creemos hoy mas que nunca que la plena vigencia del estado de derecho, el respeto de los derechos humanos para todos y el funcionamiento institucional correcto del país son la vía para desterrar de una vez para todas estas practicas que creíamos en el pasado pero que se mantienen hoy a mas de tres décadas de democracia.

 

La FASIPP una vez mas expresa como lo ha hecho en cada rincón de nuestra Patria el compromiso claro e ineludible en defensa de los intereses sectoriales pero con responsabilidad social y subordinando el interés propio al bien común y en esto volvemos a reafirmar también la idea de instituciones policiales y penitenciarias argentinas “Democratizadas”, “Desmilitarizadas”, “Humanizadas” y “Profesionalizadas”.”

 

 

 

Este evento tuvo dos comisiones de trabajo, una denominada “Acción Política y Sindical” y la otra “Organización y Finanzas” que emitieron sus dictámenes que son los siguientes

 

 

 

 

Es evidente que la “Nacionalización de la Protesta” planificada en el marco del VI Congreso Nacional desarrollado en Paraná el 24/02/12 se manifiesta de diversas formas haciéndose imprescindible proponer a cada entidad de base y de acuerdo a la situación local el replanteo necesario a los fines de que ajustar lo necesario para avanzar con mayor profundidad y eficacia. Para ello recomendamos un marco mínimo que asegure la cooperación y respeto mutuo para que mas allá de las diferencias de encuadramientos organizativos, doctrinas propias y planes de acción se puedan adoptar diversas formas que lejos de limitar enriquezcan y motoricen aún mas el movimiento”.

 

Esta postura asumida en el marco de la máxima expresión organizada del sector en nuestro país, no impone necesariamente la adopción de medida determinada, sino muy por el contrario sabemos que estamos ante una etapa donde “la flexibilidad de las organizaciones” para adaptarse a cada circunstancia táctica (en cada escenario provincial por ejemplo) y la propia dinámica de los acontecimientos hacen a que se adopten “decisiones soberanas en asambleas de base” en cada lugar de trabajo donde se reúnen en forma pacifica los trabajadores a peticionar a las autoridades.

 

Debemos aventar los fantasmas que desde sectores opositores al nuestro operan para demorar o frenar la acción sindical que llevamos adelante. “Nacionalizar la protesta no significa necesariamente paro” sino generar un escenario para que como dijimos en el 2010 en Córdoba en nuestra primer reunión PRE-FASIPP podríamos decir y ratificado en el II Congreso Nacional de FASIPP (Rosario 13/08/12) que “lo que le suceda a un policía en La Quiaca no le sea indiferente al de Ushuaia”.

 

Esto lo hemos mantenido a rajatabla en cada lugar y momento donde se opera sindicalmente y la FASIPP ha sido cuidadosa en cada intervención respetando esa decisión soberana. Somos una organización con marcado sentido federal que actuamos en competencias delegadas por quienes mantienen la soberanía que son las afiliadas.

 

Así el trabajo solidario dio marco a un intercambio de experiencias, de aprendizaje y de acción a nivel nacional que hoy marca como signo distintivo pues como dice el lema de este evento “Juntos podemos, juntos somos más”.

 

Es por ello que ante este panorama creciente de “avances en la defensa de nuestra dignidad como trabajadores” con hechos históricos, hay algunos idiotas a sueldo que tratan de demorarnos utilizando todo tipo de artimañas de la mas baja estofa. Ante ello el mejor antídoto es una vieja y simple receta que acuñamos profundamente: “Unidad, solidaridad y organización”.

 

NACIONALIZAR no es necesariamente PARO, pero TAMPOCO ES PERMITIR PROFUNDIZAR LA HUMILLACION QUE SUFRIMOS.

 

Creemos que la FASIPP es hoy en Argentina LA UNICA OPCION ORGANIZADA para expresar esta lucha y así lo demuestran estos dos años de trabajo intenso cuando asumimos este compromiso y prácticamente la RE-FUNDAMOS. Es por ello que la “Nacionalización” en marcha acelerada es también prolegómeno latente de “Regionalización en Latinoamérica” que permitirá ponernos a través de nuestra Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica – CTPPL que integramos y que fue fundada en Mar del Plata el 15 de Octubre de 2010 y que compartimos con los hermanos de Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela a tono con otras regiones del mundo como America Anglosajona, Europa, Asia, África y otras regiones a tono con lo que llego para quedarse como dicen los uruguayos que es la “sindicalización de policías y penitenciarios”.

 

Quienes atentan “desde adentro” contra esta posibilidad no son mas que “infames traidores” a la familia policial y es por ello que es un buen momento para que todos estemos “atentos y vigilantes” actuando y “separando la paja del trigo”.

 

 

1º - Avanzar en la “Nacionalización de la Protesta” como marco general donde cada realidad local o de cada encuadramiento organizativo desempeñe a conciencia su potencial en búsqueda de “Mejores condiciones de trabajo y de vida” para también colaborar en un “mejor servicio de seguridad publica” bajo el lema que sostenemos en forma creciente que “La inseguridad tiene solución si se respetan los derechos de los trabajadores policiales y penitenciarios”.

 

2º) – La FASIPP actuará de modo directo ante la convocatoria de alguna entidad afiliada con competencia de actuación en cada provincia o espacio en que se desarrollen hechos que así lo considere necesario el Consejo Directivo.

 

3º) Que instamos a cada organización a preservar en todas las medidas tomadas los servicios básicos o mínimos que no deje indefensa a la comunidad por considerar que brindamos un servicio esencial.

 

4º) Que sugerimos también preservar en todo lo posible a nuestros compañeros dirigentes y trabajadores en general ante cada acción a tomar la que consideramos debe ser publicitada con objetivos claros que sean comprendidos y apoyados por la comunidad que es nuestro soporte estratégico en esta lucha asimétrica. Creemos que estas deben ser de excepción, proporcionadas y sin descartar ninguna de sus modalidades. Reivindicamos el derecho a huelga para todos los trabajadores y respetamos las autolimitaciones que cada organización posea en sus respectivos Estatutos.

 

2º - Instar a cada afiliado a cerrar filas mas allá de las diferencias, en un marco de respeto, cooperación y solidaridad concreta bajo la consigna que debemos recuperar: “Para un policía no debe haber nada mejor que otro policía”, norte además de la gestión lanzada en el marco del II Congreso Nacional (Rosario – 13/08/12) donde nos propusimos que “Lo que le suceda a un trabajador en La Quiaca no le sea indiferente al de Ushuaia”.

 

3º - Comprometernos a que ante cualquier tipo de agravio o agresión no solo a la entidad sino a sus organizaciones adheridas y sus dirigentes a actuar en su defensa, en la necesidad y principio de reciprocidad inmediato sean estas internas o externas a esta federación.

 

 

 

La FASIPP observa con preocupación la recurrente actitud de distintos gobiernos con referencia a la aplicación de formas sutiles y otras veces desembozadas de persecución bajo diversas modalidades de la protesta social legítima donde situamos las que llevamos a cabo desde el conjunto de trabajadores y en especial los policiales y penitenciarios.

 

Sostenemos que “quien ejerce un derecho no comete delito” y en ese sentido repudiamos cualquier intento y/o aplicación de sanciones punitivas de cualquier índole que tienda a “criminalizar la protesta”.

 

En este contexto creemos que la Ley Nº 26.374 denominada comúnmente como “Antiterrorista” introduce el Art. 41 Quinquies del Código Penal y deja abierta la posibilidad a este tipo de actitudes desde el poder que con el mismo espíritu totalitario y antidemocrático e invocando normas similares aunque con menor cuantía pero con el mismo espíritu, recurren a la aplicación de vetustos reglamentos administrativos, leyes provinciales y nacionales que regulan la actividad de las instituciones policiales y penitenciaras del país sirven a este objetivo algunas de ellas dejadas como “herencia del Proceso de Reorganización Nacional” y otro momentos similares de dictaduras y lo que es mas grave aun algunas dictadas en épocas de esta democracia que resultan mas lesivas que estas.

 

Por lo expuesto creemos oportuno reafirmar lo actuado por el Consejo Directivo FASIPP en su documento “El ejercicio de un derecho no constituye delito”.

 

Vemos como recurrentemente las autoridades ante un conflicto aplican en sus apariciones publicas la figura del delito de “sedición” cuestión abonada además por ciertos sectores de comunicadores sociales irresponsables o cómplices, lideres políticos y funcionarios, en especial cuando se tratan de legitimas protestas de nuestro sector que en paz y atendiendo las prestaciones lógicas de un servicio esencial como el de la seguridad publica, toman medidas de acción directa como único y ultimo recurso disponible luego de años de reclamos infructuosos.

 

Esto además es complementado de una manera descarada por la aplicación del poder gubernamental y del aparato estatal sin miramientos y aun al margen de la ley, cuestiones que inscribimos en una agazapada y creciente muestra de “Terrorismo de Estado” agazapado y aggiornada esta etapa democrática de nuestro país.

 

Esto no solo es patrimonio de los ejecutores temporales que podamos ubicar cronológicamente sino de un espíritu corporativo que vitaliza una transversalidad espantosa en este sentido, así por ejemplo vemos como para estas actitudes no hay rótulos o sectores que sean indiferentes y encontramos como un gobierno mas o menos apegado a las normas y espíritu de nuestra nacionalidad toma una medida de esta, lo sucede otro con otro mote o impronta pero en vez de reparar el daño grave causado lo mantiene en el tiempo con una complicidad silenciosa y perversa.

 

Los hechos recientes son una muestra clara, así a los ya existentes este año los vivimos en los escenarios de mayor conflicto como Misiones, Tucumán, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz respectivamente incluso con detenciones ilegales y cesantías de dirigentes en forma ilegitima e ilegal; pero también con otro tipo de acciones como sumarios administrativos, tareas de espionaje y sabotaje claro desde aparatos estatales, daños intencionales y secuestros de elementos de las organizaciones de manera violenta.

 

Se ha llegado al colmo de abrir expedientes administrativos por parte del Gobierno de Entre Ríos por recolectar firmas en el marco de una “Iniciativa Popular” consagrado como instituto en nuestra Constitución Nacional y verificada por la Defensoría del Pueblo de la nación (Resolución 5912/12) de acuerdo a la Ley 24.747 y cc e impulsada por nuestra organización a dirigentes de APROPOLER – Asociación profesional Policial Entre Ríos.

 

 

 

1º) Que Repudia al gobierno de la provincia del Chubut, por la cesantía a los compañeros Rocha Dante, Tobio Julio, Rocha Néstor, Beovidez Jose y Rocha Martín, la que se realizara sin derecho a defensa y violando garantías de raigambre constitucional ya que no se ha concluido con los sumarios administrativos, en un acto que genera una mayúscula vergüenza por haber sido transmitido en vivo por un canal oficial a modo de abierta amenaza a todo el colectivo trabajador de la policial provincial. De la misma manera, la Destitución en el grado de Cesantía al compañero de Santa Cruz Mario Monsalvo ocurrida en el transcurso del conflicto originado en esa provincia de carácter sindical.

 

2º) - Que ve con preocupación la creciente muestra de intolerancia política en el marco de una convivencia democrática como se promueve desde diversos sectores incluidos el de gobierno y el Estado pero que en ciertas ocasiones no se respetan.

 

3º) - Que los trabajadores policiales y penitenciarios nos encontramos entre los sectores más vulnerables y predilecto por quienes desde el poder aplican sin piedad ni miramientos estas legislaciones vetustas y reñidas con la situación actual, el espíritu de la Nación y sus leyes en especial la CN.

 

4º) - Que nos consideramos parte y además somos solidarios con los más de cinco mil dirigentes políticos y sociales que se hallan incursos en estas acciones persecutorias.

 

5º) - Que repudiamos el espíritu no declarado la mencionada Ley Antiterrorista Nº 26.374 y advertimos de las implicancias que para los luchadores sociales puede abrir ante la interpretación de algunos magistrados de dudosa integridad.

 

6º) - Que repudiamos cualquier acción que tenga como objetivo impedir, debilitar o negar de cualquier manera el ejercicio de un derecho. Es este sentido hacemos un llamamiento a los Gobiernos nacional y provinciales a respetar la Constitución Nacional, Tratados y Convenios firmados por nuestro país, en especial los referidos a las libertades individuales, sociales, políticas y de libertad sindical respectivamente.

 

7º) – Exhortar al conjunto de organizaciones y argentinos de buena voluntad a reafirmar la idea de la defensa de los derechos humanos en su mas amplio sentido bajo una consigna abarcativa, profunda e inclusiva: “Derechos humanos para todos”.

 

2 – Comisión de Organización y Finanzas

 

 

En el último Congreso realizado en la ciudad de Paraná en fecha 24 de Febrero de este año, se estableció que cada afiliado en forma voluntaria aporte una cierta cantidad de dinero con el fin de utilizarlo para recursos extraordinarios.

 

Si bien el compromiso fue asumido por mayoría y pese a no haber un monto mínimo ni un tope fijado y haberse abierto la respectiva cuenta bancaria para agilizar y controlar los destinos e ingresos de fondos al día de hoy contamos con muy pocos aportantes y que se detallaron en el informe del Secretario de Finanzas.

 

A la vista de los últimos acontecimiento que demandaron la presencia de la entidad en diversos lugares del país (Misiones, Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, o movilizaciones a la Plaza de mayo o al mismo Congreso de la Nación) con los consiguientes gastos nos mostraron que se hace imprescindible contar con los medios financieros y materiales necesarios para la efectiva presencia y desempeño de la FASIPP.

 

 

 

1º - Una cuota sindical federativa obligatoria a partir del 01/11/12 equivalente al monto de doscietnos pesos ($ 200.-) que se establece en virtud al artículo 10º que dice: “Las Asociaciones Sindicales integrantes de la FASIPP. Deberán:…” y en su inciso h marca: “Abonar dentro de los primeros quince días, de cada mes, la cuota sindical federativa y las contribuciones que correspondan”.

 

2º - Que la misma se hará efectiva únicamente a través de la Cuenta Oficial de la entidad habilitada en el Banco Nación a nombre del Secretario de Finanzas Víctor Hugo Ardila Cta Caja de Ahorro 599 - 77634/10 – DNI Nº 16.227.566 ante la imposibilidad momentánea de la entidad de tener una propia.

 

3º - Recordar que el mencionado articulo 10º en su inciso i establece: “Cuando una asociación profesional integrante no abonare durante tres meses consecutivos los importes correspondientes y no cumpliera la intimación que para obtener ese cumplimiento le deberá efectuar de modo fehaciente el Consejo Directivo, no podrá ejercer los derechos inherentes a su condición de afiliada, hasta tanto no regularice su situación. Asimismo los afiliados a la Asociación morosa que integren órganos de dirección o contralor, quedarán automáticamente suspendidos en el ejercicio de los mismos mientras la mora suscita. De persistir ésta, el Congreso podrá disponer la exclusión o desafiliación de la asociación de que se trate. No obstante lo antes dispuesto, la suspensión automática de los derechos podrá diferirse hasta que el Congreso considere la cuestión, si a juicio del Consejo Directivos, el incumplimiento obedeciere a una causa justificada”.

 

 

La restructuración de la FASIPP en estos dos años de gestión ininterrumpidas han sido un lapso suficiente para que todas las organizaciones que históricamente estaban empadronadas como afiliadas se presentaran a las reiteradas convocatorias realizadas, en atención a ello y en virtud a los hechos mencionados y la evidente ausencia de algunas es que creemos necesario establecer un “Reempeadronamiento Obligatorio de Entidades Afiliadas” para mejorar la orgánica de la entidad y transparentar la composición de la misma.

 

 

1º - Todas las entidades afiliadas sin excepción tendrán un plazo de 40 días corridos improrrogables a partir del 07/09/12 y hasta el 16/10/12 inclusive para remitir a la Secretaria General vía postal la copia de la documentación requerida de acuerdo al articulo 6 del Estatuto que dice: “La afiliación deberá ser solicitada por quien ejerza la representación de la asociación que se trate, acompañando los instrumentos que acrediten de su formación y documento que diga que la decisión de afiliarse ha sido debidamente adoptada, conforme al régimen institucional de la misma y acompañada de copia de su estatuto y demás documentación requerida, que será evaluada para su aprobación por la Secretaría de Encuadramiento Sindical y de Asuntos Legales, Ad-Referéndum del Consejo Directivo”.

 

2º) – La documentación deberá contener:

 

a) Nota dirigida al Secretario General solicitando la afiliación consignando todos los datos de la entidad.

b) Copia del Estatuto de la misma.

c) Acta de designación de autoridades consignando fechas de asunción y de renovación.

d) Copia de documentación remitida a las autoridades para el reconocimiento de la entidad y resultado de la misma.

e) Toda otra que considere oportuna para acreditarse.

 

3º) - Que vencido dicho plazo se dará automáticamente de baja la afiliación sin aviso previo pudiendo recusarse la medida ante del Consejo Directivo y en grado de apelación ante el próximo Congreso Nacional a convocarse.

 

 

 

La creciente experiencia que en distintos lugares del país se vienen dando en cuanto a la organización de medios de comunicación o espacios de difusión masivos que tienen un carácter de finalidad, pertenencia o perfil hacen necesario promover la organización para su promoción a nivel nacional pues sirven a la difusión del ideario y la participación masiva de la familia policía toda y la comunidad en general.

 

En este sentido se hace imprescindible aplicar la lógica con que se viene trabajando en forma general y que desde hace dos años nos convoco que es “Reunir lo disperso para que no se pierda”.

 

 

1º - Encomendar al Consejo Directivo la organización del “Primer Encuentro Nacional de Trabajadores Comunicadores Policiales y Penitenciarios” convocando en forma abierta a quienes estén interesados en la materia.

 

2º - Organizar un “Observatorio de Medios de Comunicación Social” a los fines de procurar el desarrollo de los potenciales existentes o futuros con que dispone el movimiento, monitorear la información sobre temas de interés, recomendar acciones, promover la capacitación e intercambio de experiencias y todo lo atinente a la materia.

 

 

 

Se ha evidenciado el crecimiento de organizaciones y voluntades en distintos puntos del país donde se agrupan, más allá de los aspectos exclusivamente sindicales y que merecen ser tenidos en cuenta por la entidad que debe brindar un espacio orgánico adecuado a organizaciones que tienen relación directa con la realidad del trabajador del sector como son organizaciones de familiares, de heridos, caídos, etc.

 

 

1º) – Encomendar al Consejo Directivo retomar y revitalizar con una rápida puesta en funcionamiento de la “Comisión Coordinadora Nacional” que agrupe y coordine esfuerzos entre estas organizaciones gremiales pero no sindicales.

 

2º) – Encomendar al Consejo Directivo la realización del “Primer Encuentro Nacional de la Familia Policial y Penitenciaria” con la finalidad de reunir las organizaciones afines que careciendo de finalidad y/o perfil sindical actual o a futuro de acuerdo al artículo 102º del estatuto que establece: “Las entidades adheridas a esta federación tendrán un plazo de 180 días corridos contados a partir de la noticia fehaciente de la emisión de la primer simple inscripción gremial a alguna entidad sindical policial y/o penitenciaria para hacer su respectiva inscripción al tenor de la le ley 23.551 de Asociaciones Profesionales. De no hacerlo será desafiliada automáticamente” así como las afiliadas que deseen participar.

 

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